Entre responsabilidades y complicidades

 

Por Alejandro Olmos Gaona

 

Después de la exposición del ministro de Economía en el Congreso Nacional, a la que asistieron apenas 133 legisladores, sobre los 257 que integran la Cámara de Diputados, quedó muy claro que la deuda se va a renegociar, llamándome la atención el poco interés de los legisladores en escuchar al funcionario, lo que constituye una nueva muestra de la irresponsabilidad de gran parte de los llamados representantes del pueblo, que prefirieron ocuparse de otros menesteres, antes que escuchar y preguntarle al ministro, cuáles son los planes que se piensan instrumentar, para salir de la grave situación dejada por la administración anterior.

La exposición del ministro fue  prudente, expuso algunos pocos números, alejados de los disparates habituales que se mencionan de que todo el dinero del FMI se fugó, y que en el 2015, la deuda era casi inexistente. Mostró con claridad los desastres de la gestión económica de Macri, y el descomunal endeudamiento de estos últimos cuatro años, y habló de la responsabilidad de la Argentina, del FMI y de los bonistas en todo el proceso que llevara a esta crisis de la deuda que no tiene precedentes en nuestra historia. Seguramente por esa moderación que le es característica se prefirió hablar de  “La Argentina” y no señaló puntualmente a todos los que fueron responsables de la deuda, y del condicionante económico que ella significa para los próximos años.

Dejando de lado la palabra oficial, que pareciera no querer ahondar en las diversas responsabilidades que generaron esa descomunal hipoteca, que venimos arrastrando desde el final de la dictadura cívico-militar, es necesario puntualizar, quienes son los que decidieron endeudar a la Argentina, afectando no solo las finanzas públicas, y el futuro económico, sino fundamentalmente empobreciendo cada vez más a un pueblo, en beneficio de un conjunto de especuladores y buitres de variada especie, aunque el eufemismo habitual con que se los trata, los designe como mercados financieros.

 

LA RESPONSABILIDAD DEL PODER EJECUTIVO

Durante la gestión de Macri se dieron ciertas particularidades,  en cuanto a las vinculaciones de algunos funcionarios, con los bancos que intervinieron en el pago a los holdouts, como también a aquellos que actuaron como compradores o colocadores de los bonos soberanos emitidos por el gobierno. Funcionarios  como el ex ministro Caputo habían tenido cargos de responsabilidad en el Deutsche Bank, del cual llegó a presidente de la filial Argentina. Todas esas vinculaciones le permitieron a él y a otros miembros del gabinete como el Vicejefe de gabinete Quintana, y al Secretario de Finanzas Bausili, emitir bonos por un lado y comprarlos por el otro, o comprar Lebac, y venderlas para pasarse al dólar sabiendo de su posterior aumento, todo lo que ha sido probado en la justicia federal en una causa donde la Fiscalía Federal N° 6, ha solicitado la indagatoria de  esos personajes, por encontrarlos incursos en la posible comisión de delitos de acción pública. Pero además desde el propio presidente, hasta los distintos funcionarios que pasaron por el ministerio de Hacienda (su anterior denominación) o el Banco Central, insistieron que había que gobernar con deuda, debido a que los mercados estaban muy dispuesto a prestarle a la Argentina, y según Macri, era la única opción para afrontar el déficit fiscal dejado por el gobierno anterior. A pesar de que no existía capacidad de repago de esa deuda, se lanzaron a una aventura peligrosa, de la que hoy estamos pagando las consecuencias. El préstamo con el FMI, fue la culminación de una desastrosa conducción de una economía llevada adelante sustentada solamente en pedir plata, y renegociar permanentemente las obligaciones, hasta que el mercado financiero dijo basta.

 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS MERCADOS FINANCIEROS

 Los que operan en el mercado, saben que siempre es negocio comprar bonos argentinos por las altas tasas de interés ofrecidas, por clausulas atadas al dólar como el bono recientemente reperfilado,  y porque a pesar de las demoras, de los defaults, de las bicicletas, la Argentina siempre termina pagando y con creces, como ocurrió con el pago a los buitres en el año 2016.

Se podrían  señalar muchos ejemplos de esta responsabilidad o complicidad, pero uno de tantos, que es contundente y muestra que estos buitres grandes y chicos compraban sabiendo que la Argentina no iba a poder pagar, y que iban a terminar negociando y reestructurando siempre a favor de ellos, lo muestra  la suscripción del bono a 100 años, emitido en junio del año 2017, con tasa de interés que significaban pagos por más de 20.000 millones de dólares. En el inclosure de ese bono, el gobierno advertía:

 

1.- Que existe incertidumbre y riesgo sobre el futuro económico, debido a la inflación y a la volatilidad del sistema cambiario.

2.- Puede haber menos crecimiento económico y reducción de las reservas del Banco Central.

3.- Que puede haber reducción de la inversión extranjera, lo que privaría a la Argentina del capital necesario para el crecimiento económico.

4.- Puede haber hostilidades internacionales e incertidumbre política respecto de las elecciones del 2017.

5.- Puede haber inestabilidad política, social y económica en el futuro.

6.- El gobierno no puede garantizar los impactos causados por las medidas implementadas en el país.

7.- El aumento del gasto público del gobierno puede tener un efecto adverso significativo y consecuencias negativas por largo tiempo en las perspectivas económicas de la Argentina.

8.- El gobierno desconoce cuáles serán los resultados de las medidas implementadas en el sector energético y sus repercusiones.

9.- El riesgo de no hacer frente adecuadamente a los riesgos reales del deterioro institucional puede afectar adversamente la economía y la situación financiera de la Argentina.

10.-Las fluctuaciones del peso pueden afectar adversamente la economía argentina y la capacidad de cumplir con las obligaciones del país.

11.- No se puede garantizar que la Argentina pueda obtener financiamiento, lo que puede determinar que no se puedan pagar la deuda pública y los bonos.

12. No se puede garantizar que la calificación crediticia de la Argentina mejorará.

13.- La capacidad de la Argentina para obtener financiación puede verse afectada por los litigios de los holdouts.

 

A pesar de ese sombrío panorama planteado por el propio gobierno en los anexos de la emisión, los bonos se siguieron comprando; los grandes bancos y los fondos de inversión sabían los que estaban haciendo. Tienen la legislación de EE.UU. y la jurisdicción de Nueva York a su favor en caso de litigio, pero además la Argentina siempre paga. Y en los habituales modelos de contratos o en los prospectos  de los bonos que vienen de larga data, siempre los beneficiarios son los acreedores. A esto deben agregarse que ante las falencias de la economía fines del 2018 y 2019, hubo cambio de manos de los bonos emitidos, y alrededor del 14% de ellos están en mano de fondos de inversión como BlackRock, Templeton, Fidelity, Pimco y otros, o quizás más. No lo sabemos, porque siempre existe un impenetrable misterio en estas negociaciones.

 

LA RESPONSABILIDAD DEL FMI

La responsabilidad del FMI es más que evidente y las evidencias son muchas. Cuando en diciembre del año 2017 produjeron el Informe del Art. IV, y la situación ya se avizoraba preocupante, sostuvieron que: “Se espera que para 2019 el déficit fiscal primario a nivel federal se ha reducido un 2% del PBI, mientras que se proyecta que las provincias reduzcan su déficit primario conforme a las metas anunciadas por las autoridades. Esto probablemente impondrá un lastre al crecimiento económico en los próximos dos años, que rondará el 2½%. Se prevé que el continuo y cuantioso endeudamiento externo y las presiones de apreciación de la moneda en términos reales provoquen nuevos aumentos del déficit en cuenta corriente… las tasas de interés reales frenarán el crecimiento, pero deberían facilitar el descenso de la inflación hacia niveles de un solo dígito. Los directores indicaron que es esencial reducir el gasto público, sobre todo en los ámbitos en que dicho gasto ha aumentado rápidamente en los últimos años, en particular salarios, pensiones y transferencias sociales. Señalaron que para estimular la productividad y el crecimiento a largo plazo sería necesario acelerar la reducción de los aranceles de importación, eliminar la mayoría de los permisos de importación, retirar los obstáculos a la inversión y la entrada de empresas al mercado” En el Informe del 2018, volvieron a mostrar el preocupante panorama económico, las dificultades financieros, y no obstante ello, siguieron adelante con los desembolsos comprometidos.

Como pude verse hablaron de lastre en el crecimiento, del cuantioso endeudamiento externo, y los aumentos del déficit en cuenta corriente, mostrando que las tasas frenarían el crecimiento, y pidiendo como es habitual en ellos reducir, salarios, transferencias sociales y pensiones.

Además conociendo minuciosamente la fuga de capitales, eso no constituyó ningún obstáculo  para celebrar el Stand by por 50.000 millones de dólares y ampliarlo meses después, a 56.500 millones. Si bien al FMI no le está prohibido efectuar préstamos a países que transfieren capitales, si le está prohibido a los países hacerlo, y  tiene la obligación de advertir al país. Si este no efectúa el control debido, tiene que inhabilitarlo, tal como lo establece el artículo VI de su Carta Constitutiva. Nada de eso ocurrió, y de allí la enorme responsabilidad de la institución que seguramente se manejó de acuerdo con las expectativas de los EE.UU. que necesitaba tener a Macri bien alineado con sus políticas, ya que este país es el único que por su nivel de cuotas, tiene un enorme poder de decisión y  aun de veto.

Nada de esto debería asombrarnos, si conocemos cual ha sido la historia de las relaciones del FMI con la Argentina, a través de sus 28 acuerdos, donde siempre estuvo presente el ajuste, los condicionamientos, y la fijación de políticas públicas que fueran coincidentes con los lineamientos de la institución. Quizás el caso más relevante sería cuando se instrumentó el Plan Brady en 1992, cuando el FMI exigió la modificación de la legislación laboral, la privatización del sistema jubilatorio y la venta de todas las empresas públicas, especialmente la petrolera estatal.

 

LA RESPONSABILIDAD DEL PODER LEGISLATIVO

Aunque los legisladores suelen hacerse los distraídos, en cuanto a sus responsabilidades sobre el endeudamiento, y se habla de la “deuda de Macri”, existen responsabilidades compartidas. Toda la deuda emitida durante estos últimos cuatro años, incluidos los bonos que sirvieron para pagar a los fondos buitres, fueron autorizados por ambas Cámaras del Congreso de la Nación. La Comisión Bicameral de seguimiento y control de la deuda pública nunca funcionó como debía. 

Esa responsabilidad incluye el préstamo con el FMI, porque nunca se quiso modificar el art. 60 de la Ley.24.156, que permitía  al Poder Ejecutivo contraer una deuda sin ser autorizada por el Congreso, además de facultar a la Oficina de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, renegociar con amplias facultades la deuda pública .A pesar de los distintos proyectos que redacté en mi carácter de asesor legislativo desde el año 2010 hasta 2019 solo se consiguió la firma del senador Solanas, y los proyectos nunca fueron tratados, ni siquiera en Comisión.

 

LA RESPONSABILIDAD DEL PODER JUDICIAL

Después del conocido fallo dictado por el Juez Federal Jorge Ballestero, en julio del año 2000, donde estableció parte de la ilegalidad de la deuda de la dictadura, se continuaron las acciones judiciales que yo impulsara, presentando una importante cantidad de documentos, y con las constantes presentaciones efectuadas por el Fiscal Federico Delgado, para que se procediera a establecer responsabilidades, indagar responsables, y que tomaran intervención organismos de control, y aún la Procuración del Tesoro de la Nación. Excepto acumular papeles, y testimonios en el Juzgado Federal N° 2, y aún informes de peritos del Banco Central, la justicia no ha hecho nada, y las causas, parecen destinadas a que se llenen de tierra en los archivos de Comodoro Py.

En este conjunto de responsabilidades, existen cuestionamientos sobre  la gestión anterior, y los legisladores que aprobaron ese endeudamiento y que hoy siguen en sus funciones, no se hacen cargo de lo que aprobaron, y consintieron, mientras el Poder Judicial, guarda una oprobiosa inactividad, resignando las funciones que establece la Constitución de la Nación. Mientras tanto, el “sistema de la deuda” sigue su marcha condicionando la economía como lo ha hecho siempre, y mostrando, que si no se lo enfrenta de una vez y para siempre, hablar de  que la Argentina crezca, y se desarrolle, que no se siga afectando a su pueblo con estas cargas francamente delictivas, constituye una ilusión para continuar con un engaño que ya atraviesa varias décadas.-

 

 

*El autor es historiador, especialista en endeudamiento.